La discusión por una ley que regule o prohíba la actividad de los cuidacoches en Santa Fe sumó un nuevo capítulo que anticipa más demoras en la Legislatura y puede exponer grietas en la tropa oficialista.

Mientras el Senado ya dio media sanción a la iniciativa impulsada por el senador rosarino Ciro Seisas, el ingreso de un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados plantea abrir una instancia de consultas con los intendentes de los municipios más grandes, algo que puede estirar los tiempos del debate.

La propuesta fue presentada por la diputada socialista Lionella Cattalini, con la firma de sus compañeros de bloque, y apunta a convocar a intendentes y autoridades de las principales ciudades de la provincia para exponer en el ámbito de la Comisión de Seguridad Pública.

El objetivo, según los fundamentos de la iniciativa, es reunir “información detallada” sobre la cantidad de cuidacoches que trabaja en cada localidad, las ordenanzas vigentes, los mecanismos de control y las políticas de inclusión social aplicadas en cada jurisdicción.

En la práctica podría significar, además, un punto más de conflicto en Unidos, al considerar las objeciones que planteó el socialismo previo a su media sanción y que, tras ella, hablaron de que probablemente existan “cosas por mejorar”.

Así las cosas, en lugar de avanzar rápidamente hacia la sanción definitiva de la ley, como pretendía el oficialismo, el intendente Pablo Javkin y hasta el gobernador Maximiliano Pullaro, la iniciativa propone ampliar el diagnóstico antes de ser votado en la Cámara baja (y reenviado al Senado en caso de que tuviera cambios).

En los fundamentos, el proyecto sostiene que la situación de los cuidacoches es una problemática “compleja” que no puede abordarse únicamente desde una lógica "punitiva", sino que requiere contemplar dimensiones sociales, laborales y urbanas.

“Las respuestas estatales no pueden basarse exclusivamente en medidas de carácter punitivo, sino que deben sustentarse en diagnósticos adecuados y en estrategias integrales”, se remarca en los fundamentos. Luego pone el acento en el rol de los municipios como “autoridades primarias” por su cercanía con el territorio que gobiernan.

La movida no es menor en términos políticos. Llega después de varias semanas de tensiones dentro del oficialismo, que ya habían quedado expuestas cuando el Senado postergó el tratamiento del proyecto original por falta de consensos. Aquella demora generó malestar en el propio Seisas y dejó en evidencia diferencias sobre el alcance de la norma.

A ese escenario se sumó recientemente el posicionamiento de la Pastoral Social de la Iglesia en Rosario, que rechazó los proyectos de prohibición y advirtió sobre el impacto social de una medida de ese tipo, lo que aporta a dilatar la posibilidad de arribar a un acuerdo rápido.

Por eso la ley “antitrapitos”, que semanas atrás aparecía encaminada hacia una rápida sanción, parece entrar en una etapa de revisión más profunda.