El secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios de Santa Fe, Walter Gálvez, consideró que “no es desatinado” la propuesta de revisar las leyes que establecen algunos derechos para las personas privadas de la libertad, tal como lo planteó la fiscal de la Unidad Especializada en Balaceras, Valeria Haurigot, como una forma de contrarrestar los casos de extorsiones y balaceras que son organizadas desde las cárceles.

“Los razonamientos de la fiscal coinciden con los nuestros. Estamos en otro tiempo. Son otros los internos. Hoy existen presos de altos perfiles que antes no existían. Son otras las medidas de seguridad que deben aplicarse, con otras tecnologías. En ese marco, es tiempo de revisar la normativa vigente, no es desatinado en absoluto”, afirmó el funcionario provincial.

Gálvez se refirió a las declaraciones que realizó la fiscal Haurigot, quien junto a sus colegas que integran la Unidad Especializada en Balaceras, pidió que se reconsidere “limitar algunos derechos” de las personas privadas de la libertad como una forma alternativa de terminar o neutralizar las balaceras y extorsiones que en la mayoría de los casos son organizadas desde las penitenciarias.

Gálvez, la máxima autoridad en cuestiones penitenciarias de la provincia, opinó que “Las manifestaciones de la fiscal apuntan a generar un poco más de aislamiento y control de los movimientos de los internos de alto perfil dentro de una cárcel, las vemos absolutamente atinadas. Las normas actuales son de otro tiempo, aunque no sean antiguas. Ocurre que en los últimos años la tecnología ha avanzado con lo cual se hace necesario revisar muchas cosas”.

“Hay muchas situaciones que tienen que ser cambiadas, especialmente con los presos de altos perfiles, que es donde radica el problema. Además hay que afianzar el trabajo en conjunto. Las sensaciones de la fiscal desde su trabajo, muchas veces las tenemos nosotros. Parece como que nada alcanza. Se toman medidas, se hace un esfuerzo y pareciera que nada alcanza. Esto ha aumentado no sólo en Santa Fe sino en otras jurisdicciones”, agregó Gálvez.

El funcionario remarcó que “es necesario incorporar tecnología de última generación, que avanza velozmente y porque el Estado se queda atrás. Ahora, en la cárcel de Piñero se construye un muro, pero hay que controlar las comunicaciones, las visitas, capacitar a los celadores de los pabellones de alto perfil. Hay que controlar las vinculaciones familiares y las que puedan tener con personal del Servicio Penitenciario. Hace poco se detuvo a los agentes que estaban robando mercadería de la cocina de Piñero”.

Gálvez precisó que en la provincia de Santa Fe hoy hay “unos 248 o 250, pero 35 o 40 son considerados de nivel 1. También hay 17 detenidos peligrosos que están fuera de la provincia, uno de ellos “Guille” Cantero que está en la cárcel federal de Marcos Paz y al que le encontraron un teléfono fijo en la celda”.

“No podemos garantizar que esos internos no tengan vinculación con familiares, porque la comunicación telefónica es un derecho. Por eso coincido con la fiscal que es tiempo de revisar algunas normas. No hablo de ir en contra de garantías constitucionales, pero sí de rever disposiciones porque la situación lo amerita”, subrayó.