Los allanamientos al Ministerio de Seguridad, originados en una investigación que involucra al ex titular de esa cartera, Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal, generaron una tormenta política en el gobierno de Omar Perotti y provocaron este martes la respuesta del gobernador: a través del decreto 2651, el titular de la Casa Gris instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder, a realizar una investigación en el seno de esa dependencia.

El escándalo por el presunto espionaje ilegal que habría ordenado Sain a políticos, empresarios, gremialistas y periodistas, durante su gestión al frente de la cartera de seguridad, a la par de la investigación de un llamado a licitación para la adquisición de armas de fuego, culminó con la renuncia de 12 funcionarios del esa dependencia que habían llegado de la mano del ex ministro y que habían seguido en sus puestos cuando se nombró a Jorge Lagna.

En las últimas horas, el gobernador se reunió con dirigentes políticos y con Lagna para avanzar en los reemplazos de los funcionarios renunciantes y para realizar una profunda evaluación de la situación de inseguridad que atraviesa la provincia. La crisis se desató justo cuando Rosario sufrió una serie de balaceras que tuvieron como blancos a escuelas, estaciones de servicio y locales gastronómicos ubicados en sectores muy concurridos de la ciudad.

El decreto que ordena la investigación señala que "habiéndose efectivizado medidas judiciales en el ámbito del Ministerio de Seguridad de esta Provincia de Santa Fe, dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación destinadas a recabar una serie de pruebas que hacen a investigaciones judiciales", frente a esa situación "es deber de este Poder Ejecutivo, instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios a los efectos de determinar sí, en el ámbito de esa jurisdicción, se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento".

En el escrito, que lleva la firma del gobernador Perotti, se especifica que "a los efectos de dilucidar si se han infringido normas que regulan el funcionamiento del Ministerio de Seguridad y, en su caso, determinar, si existieran, las responsabilidades administrativas que correspondieren", es oportuno instruir al Fiscal de Estado "para que, a través de la Dirección de Auditoria y Sumarios dependiente de esa jurisdicción, inicie de manera inmediata los procedimientos administrativos que legalmente correspondan".