El oficialismo en el Concejo contrarrestó el proyecto de la oposición que busca regular el servicio de Uber, con penas más duras para los conductores que sean sorprendidos trabajando para la aplicación. Es más, la es aplicarles multas que vayan desde los 58.500 a los 144 mil pesos. La iniciativa será enviada a la comisión de Gobierno para que también se debata allí en el marco de los cambios que introduce el Código de Convivencia que presentó el intendente, Pablo Javkin.

Así, la llegada de Uber a Rosario divide las aguas entre el oficialismo y sus aliados y los concejales del macrismo. Mientras los primeros impulsan el endurecimiento de las penas para los choferes que sean sorprendidos trabajando para la aplicación, los segundos buscar regularizar el trabajo de la app de traslados.

Ambas miradas contrapuestas se reflejaron este lunes en la reunión de la comisión de Servicios Públicos. En ese ámbito, el presidente de la comisión y una de las espadas políticas de Javkin en el Concejo, Fabrizio Fiatti, presentó el proyecto de modificación del Código de Faltas que busca penar con multas de hasta 144 mil pesos (entre 1.300 y 3.200 UF. Cada UF corresponde al 50% del precio de un litro de nafta súper) a aquellos transportes que trabajan en forma “habitual, onerosa y con vehículos sin habilitación municipal, con aplicaciones móviles no autorizadas”.

En tal sentido, dijo que se trata de “un agravante al Código de Faltas en el marco del Código de Convivencia por supuesta prestación de transporte de personas con vehículos no autorizados, haciendo uso de aplicaciones o software o dispositivos existentes para ese fin”.

El proyecto oficial llegó precedido de iniciativas similares que habían impulsado los sectores que agrupan a los taxistas. Es más, el Sindicato de Peones de Taxis pidió que se apliquen sanciones exorbitantes de hasta 450 mil pesos a quien “utilice una red de transporte privado a través de un software de aplicación móvil que conecte al pasajero con conductores y vehículos no habilitados”.

Por su parte, la Cámara de Titulares de Remises solicitó sanciones económicas “significativas" a titulares y choferes que operen de forma ilegal y suspensión del carnet de conducir.

La iniciativa tiene su contrapunto con la que presentó la concejala de Juntos por el Cambio, Renata Ghilotti, quien busca regularizar la situación de Uber.

El proyecto se compone de 33 artículos entre los que se destacan la creación de una tasa especial por prestación del servicio de transporte privado de personas a través de aplicaciones que será destinada al fondo compensador del transporte y al sostenimiento del sistema público de taxis.

También contempla un nuevo esquema de exigencias mayores en cuanto a características de las unidades y la salvedad de que, bajo ningún concepto, podrán operar directamente en vía pública y su utilización estará circunscripta a las contrataciones mediante plataformas.

Ghilotti se mostró en “total desacuerdo con la persecución y el trato de delincuentes que se le dio a los rosarinos que buscaban en Uber una salida laboral”.

Por su parte, el edil de Cambiemos, Carlos Cardozo, también sumó su voz a la de quienes quieren regularizar a Uber y puntualizó que el principal problema es el accionar de las remiserías ilegales. “Se está tratando de sacar de encima la cuestión de las aplicaciones y el problema de fondo son los remises ilegales. Hay paradas fijas con remises truchos. Estamos hablando de las grandes agencias que operan en forma ilegal, no del remisero individual que se quedó sin trabajo y busca una alternativa”, destacó.